En un cobro ejecutivo, un contrato firmado electrónicamente se presume auténtico. Cuando el codeudor dice que nunca lo firmó, esa presunción resiste si hay algo más que el documento: el original y la prueba de cómo se firmó.
Muchos contratos de arriendo se siguen firmando como hace años: un PDF por correo, una imagen de la firma pegada al final y el archivo devuelto por el mismo canal. Sirve mientras nadie discute. El problema aparece el día que hay que cobrar.
En un proceso ejecutivo, la ley juega a favor de quien cobra. Presume auténtico el documento que reúne los requisitos de título ejecutivo, y también el que está en forma de mensaje de datos. Pero esa presunción admite prueba en contrario: basta con que el deudor o el codeudor diga que no firmó para ponerla a prueba.
Ahí la pregunta deja de ser jurídica y se vuelve práctica: qué puede mostrar la empresa sobre cómo se firmó. Si la firma es una imagen pegada, casi nada. No hay registro de quién abrió el documento, desde dónde ni con qué validaciones. La presunción sigue ahí, pero sola, y la empresa tiene que salir a reconstruir lo que nunca quedó registrado.
Una inmobiliaria de Bogotá demandó por vía ejecutiva seis meses de cánones en mora. El título era un contrato de arrendamiento de vivienda firmado en Signio, y el juez libró mandamiento de pago sin pedir prueba de la firma.
El codeudor respondió con una tacha de falsedad. Su defensa cabía en una frase nunca firmé ese contrato y se apoyaba en cuatro afirmaciones. La inmobiliaria no las contestó con argumentos. Las contestó con el registro del proceso de firma, aportado como mensaje de datos original y no como impresión:
- "Nunca lo recibí". El registro mostraba el envío al correo que él mismo dio en su solicitud de codeudor, con fecha y hora.
- "No fui yo quien lo abrió". Constaba la apertura del documento, con su fecha, su hora y sus datos de origen.
- "Ese no es mi celular". El código de un solo uso llegó al número que él registró en la misma solicitud, y se usó para firmar minutos después.
- "Eso no es lo que firmé". La prueba de integridad mostraba que el contrato aportado era, sin un solo cambio, el mismo que se firmó.
Quien tacha un documento debe probar la falsedad, y el codeudor no pudo. El juez valoró la evidencia, la encontró coherente y declaró no probada la tacha. La ejecución siguió adelante, y como la tacha se decidió en contra de quien la propuso, la ley prevé para él una sanción económica.
La decisión fue del juez. Lo que Signio aportó fue la evidencia que él valoró.
Ese es el punto. La evidencia que sostiene una firma electrónica no se fabrica después: o queda en el momento en que se firma, o no queda. Signio estructura ese momento. Integra los mecanismos de validación que la operación requiere: verificación de datos, código de un solo uso y fuentes adicionales cuando aplica: registra cada paso del proceso, protege la integridad del documento y conserva el original listo para aportarlo como mensaje de datos.
Signio no valida por sí mismo la identidad de nadie, ni decide lo que decide un juez. Deja algo que no se puede conseguir después: la evidencia de cómo ocurrió la firma, construida en el mismo momento en que ocurrió.
La ley presume que el codeudor firmó. La evidencia es lo que permite sostenerlo cuando dice que no.
Si mañana un codeudor dijera que nunca firmó, ¿la evidencia de esa firma quedó construida el día que se firmó?
Conoce cómo Signio construye la evidencia de cada firma en el momento en que ocurre.